Las alteraciones de 1591
| En 1590, Antonio Pérez, antiguo secretario de Felipe II y, por tanto, conocedor de importantes secretos de Estado, huyó de la cárcel de Madrid durante su proceso criminal por el asesinato de Escobedo, secretario del hermano del rey. Tras su huida se refugió en el convento de los dominicos de Calatayud y allí, invocando su condición de aragonés se acogió al privilegio de la manifestación, por lo que tuvo que ser trasladado a la cárcel de los manifestados en Zaragoza, impidiendo así ser apresado por los alguaciles del rey.
En Madrid, tras haber sido declarado culpable y condenado a muerte por el asesinato de Escobedo, fue acusado de blasfemo; debiendo ser trasladado por tanto a las cárceles de la Inquisición.
Este traslado sirvió de detonante para el estallido del motín, ya que la Corte de Madrid afirmaba que la Inquisición estaba por encima de cualquier instancia de los reinos pero los foralistas (defensores de los fueros) lo consideraban ajeno a la ordenación de Aragón y mantenían que permitir el traslado iba contra las leyes aragonesas. Grupos de artesanos y labradores, dirigidos por caballeros, se echaron a la calle e impidieron que Antonio Pérez fuera llevado a las cárceles de la Inquisición. El 24 de septiembre de 1591 tuvo lugar el segundo motín, provocado por la decisión del rey de trasladar a Antonio Pérez de nuevo a las cárceles de la Inquisición. Esta vez el monarca envió al ejército castellano para sofocar la revuelta. Sin embargo, sólo un reducido grupo se enfrentó a él en Utebo y el ejército entró sin encontrar oposición en Zaragoza. La represión no se hizo esperar: el Justicia, Juan de Lanuza, fue encarcelado y ejecutado; en 1592 y 1593 se celebraron varios autos de fe en los que fueron castigadas unas cien personas por su participación en el motín (condenadas a muerte, a galeras, a pagar fuertes multas o a recibir castigos corporales); por último, en las Cortes de Tarazona se revisaron y modificaron los fueros aragoneses según la voluntad del rey. Pilar Rivero |
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